El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso afronta preguntas sobre la adquisición de un ático en el barrio madrileño de Chamberí, valorado en 6,3 millones de euros. La administración autonómica se ha negado hasta ahora a identificar a los cargos que intervinieron en la operación, lo que ha abierto un debate sobre la transparencia del proceso. Juristas consultados por la prensa analizan si la operación podría tener recorrido penal, valorando si concurren los requisitos para hablar de malversación de fondos públicos o de prevaricación administrativa. La polémica se suma a otros episodios de gestión patrimonial cuestionada en la Comunidad de Madrid y ha sido recogida con detalle por medios de perfil progresista, que reclaman explicaciones adicionales al Ejecutivo autonómico.
Operación inmobiliaria valorada en 6,3 millones de euros
El Gobierno madrileño no identifica a los cargos implicados
Juristas debaten si hay recorrido por malversación o prevaricación
La polémica se suma al escrutinio sobre gestión patrimonial autonómica
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Pone el foco en la posible responsabilidad penal del Ejecutivo autonómico