La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, afronta un nuevo foco de escrutinio por la compra de un ático en el barrio madrileño de Chamberí valorado en 6,3 millones de euros. El Ejecutivo autonómico ha rechazado identificar a los intermediarios o cooperadores que participaron en la operación, lo que ha abierto dudas sobre la transparencia del proceso de contratación. Juristas consultados por la prensa analizan si la operación podría tener recorrido penal, evaluando si se cumplen los requisitos para hablar de delitos como la malversación o la prevaricación administrativa. El caso se suma a otros frentes de fiscalización que ha afrontado el Gobierno regional en los últimos meses y llega en un contexto de mayor exigencia de transparencia sobre la gestión del patrimonio público en distintas administraciones.
La operación de compra del ático está valorada en 6,3 millones de euros.
El Gobierno madrileño no ha identificado a los cooperadores necesarios de la operación.
Juristas evalúan si existen indicios de malversación o prevaricación.
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