El Contraste

Desde el pasado 2 de agosto, las empresas que operan en España están obligadas a informar a los ciudadanos cuando un sistema de inteligencia artificial participa en decisiones que les afectan, como la asignación de un sueldo o la firma de un contrato. La medida forma parte de la entrada en vigor de nuevos artículos del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, cuyo cumplimiento empieza a exigir la Oficina de IA de la Comisión Europea junto con las autoridades nacionales. La norma exige a las compañías explicar de forma comprensible cuándo y cómo se emplean algoritmos en procesos con consecuencias directas sobre las personas, en un intento de reforzar la rendición de cuentas frente a sistemas automatizados cada vez más presentes en la gestión de recursos humanos, la banca o los servicios públicos. El incumplimiento puede acarrear sanciones dentro del régimen previsto por el reglamento comunitario.