El 2 de agosto marca la entrada en vigor de las primeras obligaciones de transparencia del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial en España, un hito que llevaba meses anunciándose desde el ámbito regulatorio. A partir de ahora, las empresas que utilicen sistemas de inteligencia artificial en procesos que afectan a las personas, como la selección de personal, la concesión de préstamos o la fijación de precios, deberán informar de que un algoritmo ha intervenido en esa decisión. La norma europea convive con la tramitación en España de una ley orgánica que desarrollará las autoridades de supervisión y el régimen sancionador a nivel nacional, mientras que las obligaciones más exigentes, las referidas a los sistemas considerados de alto riesgo, han sido aplazadas hasta 2027 y 2028 tras la revisión del calendario comunitario. El sector empresarial reclama guías prácticas para adaptarse sin sobresaltos a la nueva exigencia informativa.
Entra en vigor la obligación de informar sobre decisiones tomadas por algoritmos
Afecta a contrataciones, préstamos, precios y otras decisiones automatizadas
España tramita además una ley orgánica propia sobre supervisión y sanciones
Las obligaciones para sistemas de alto riesgo se aplazan a 2027 y 2028
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