El Contraste

El Ejecutivo ha dado luz verde en segunda vuelta al proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y lo ha remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. La norma, que forma parte del plan estatal contra la corrupción aprobado en 2025, pretende actuar sobre todo el ciclo de las prácticas corruptas: prevención, detección, investigación y sanción. Entre sus novedades figuran mecanismos reforzados de protección para quienes denuncien irregularidades, el endurecimiento de las sanciones administrativas y nuevas obligaciones de transparencia para cargos públicos y empresas que contratan con las administraciones. El texto llega en un contexto de fuerte presión sobre el Gobierno por varias causas judiciales que afectan a su entorno, aunque el Ejecutivo defiende que la iniciativa estaba prevista desde hace meses dentro de su hoja de ruta legislativa.